El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que el proyecto de ley de naturalización y regularización migratoria, sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo, “constituye una genialidad y una verdadera joya desde el punto de vista jurídico e institucional”.
Explicó que se trata de una propuesta legislativa bien elaborada jurídicamente y que no choca con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en ninguno de sus aspectos, ni contraviene la Constitución de la República.
Estimó que los dominicanos deben sentirse orgullosos en esta ocasión, de que el presidente de la República le dio una respuesta genial e institucional a un problema que era al Estado dominicano al que más le ha estado afectando.
El jurista destacó, además, que el proyecto se fundamenta en el artículo 18, numeral 2, de la Constitución del año 2010, que establece que son dominicanos aquellos que el Estado había reconocido como tales desde la promulgación de esa disposición.
Expresó que la propuesta legislativa fue bien concebida y consensuada por el presidente Danilo Medina y que se fundamenta en los principios de legitimidad con los que cuentan los actos de la administración del Estado.
¨De manera que hay una realidad, por la razón que fuese el Estado dominicano a un grupo de personas, y entonces, no podía valerse de sus propias faltas, porque los casos de su administración se suponen que son legítimos ¨, apuntó Castaños Guzmán.
Dijo que la Finjus respalda el proyecto por estar fundamentado en base jurídica y porque coincide con la posición de esa entidad sobre la problemática que representa la falta de regulación de extranjeros en el país.
Precisó que esa pieza legislativa no procura obligar a la Junta Central Electoral (JCE) a inscribir a nadie en el registro electoral, sino que valida lo que había inscrito.
El jurista expuso que el problema no lo creó la sentencia del Tribunal Constitucional, sino el Estado dominicano, y con la disposición lo que esa alta corte hizo fue revelar que la República Dominicana tenía una grave dificultad en materia migratoria y regulación de naturalización de ciudadanos.
Valoró el que la propuesta del presidente Medina en ese aspecto haya recibido el respaldo de amplios sectores de la sociedad dominicana, entre ellos el empresariado y el liderazgo político.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus dijo desconocer si con el proyecto, depositado este miércoles en el Congreso, se da respuesta a las críticas y cuestionamientos de organismos internacionales, pero dijo que sí está seguro que el presidente Medina satisfizo a los dominicanos y dominicanas que reclamaban solución al problema.
Advirtió, asimismo, que la propuesta legislativa del Poder Ejecutivo establece sistema de consecuencias, plazo de 90 días para que los perjudicados con la sentencia 168-13 cumplan con la nueva normativa a instituir.
¨De manera, que en ese proyecto que ha sido excelentemente bien concebido por el Poder Ejecutivo, establece consecuencias legales para aquellos extranjeros que a partir de ahora se hagan valer de documentos falsos corren el riesgos de sufrir penalidades de 10 a 20 años de prisión ¨, precisó.
