NUEVA YORK._ El abogado dominicano Miguel Fittipaldi (hijo) con oficinas en el Alto Manhattan y Queens y otros siete propietarios de agencias que ofrecen servicios de inmigración, fueron acusados por el Procurador General del Estado de estafar a cientos de extranjeros a los que les ofrecieron resolverles el estatus, pero nunca les cumplieron.Las empresas, tendrán que pagar colectivamente $370 mil dólares en multas al estado de Nueva York. Fittipaldi tenía abierta una oficina en el 510 Oeste de la calle 157 (primer piso). Llamadas a la empresa no fueron respondidas a este reportero.
Además de Fittipaldi, hijo de una de las familias pioneras de la inmigración dominicana a Estados Unidos, el procurador acusó a Ana Lucía Baquero (Centro Santa Ana), Margarita Davidov (Margo´s Immigration Services), Arthur C. Hurwitz (Oficina Para Legal para Hispanos), Goeffrey S. Stewart (Asilos), Camilo Perdomo I(Misión Hispana, Inc) y Mayra Liz.
Baquero, Perdomo y Liz, operaban oficinas en Queens y el resto en Manhattan.
Los acusados cayeron durante una investigación como parte de lo que la oficina del procurador llama “cruzada” por los inmigrantes para defenderlos de los estafadores que aprovechan su vulnerabilidad. Se dijo en el comunicado que algunos de los imputados, amenazaron a los clientes con denunciarlos a la policía migratoria y de aduanas (ICE) si los delataban.
Las pesquisas se basaron en denuncias de las víctimas por los fraudes en su contra y se determinó que las siete agencias hacían negocios ilegales y fraudulentos. La conducta ilegal incluye entre otras cosas, haber representado fraudulentamente ante el gobierno a los inmigrantes, sometiendo sus autorizaciones y documentos para proveerles los servicios.
Algunas de las compañías involucraban abogados que ayudaban a otros individuos a ejercer de forma no autorizada la práctica del derecho legal, prestándole sus nombres para “legitimar” el fraude, sin cumplir con los compromisos.
Colectivamente las empresas cerradas y a las que se les prohibió permanentemente continuar con sus operaciones, estafaron a cientos de inmigrantes, agrega el comunicado. “Las prácticas fraudulentas de esta empresas causaron que gente inocente enfrentaran problemas con sus estatus migratorios y hasta la deportación”, dijo el procurador Cuomo.
Advirtió que su despacho continuará persiguiendo a compañías e individuos que engañen y abusen de las comunidades inmigrantes de Nueva York. Como parte de un acuerdo en medio de las acusaciones, esas compañías están obligadas a notificar por escrito a todos sus antiguos y actuales clientes acerca de que nunca más estarán proveyendo los servicios que les ofrecieron.
Además deberán someter reportes semestrales en los que demuestren que no están ofreciendo ningún servicio de inmigración. La oficina de Cuomo llamó a la comunidad inmigrante a denunciar cualquier caso de fraude del que sea víctima y anunció que pueden calificar para recibir restitución monetaria.
También coordinará con varias oficinas legales de Nueva York que se encargarán de dar seguimiento a los casos de los afectados.
