La Junta Central Electoral (JCE) reconoce haber suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil, de las cuales unas 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras no residentes, por haber sido considerados irregulares o viciados.
Sin embargo, el organismo niega de forma categórica la suspensión de 22,673 casos de personas que se les habrían anulado sus actas de nacimientos por descender de haitianos indocumentados.
Este último tema, entre otros aspectos, centra actualmente un conflicto entre el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez y los tambien miembros titulares del organismo electoral José Ángel Aquino y Eddy Olivares.
En un documento de prensa despachado ayer tarde, el pleno de la JCE hace un diagnóstico del caso, citando los factores determinantes que han conducido hasta el conflicto actual.
Recuerda que el pasado mes de abril, el pleno de la JCE trató una comunicación de los magistrados César Féliz Féliz y Rosario Graciano de los Santos, y otra del magistrado José Angel Aquino, por lo que se aprobó emitir un documento aclarando la situación de “unos supuestos” 22,673 casos de personas a las que se les habrían suspendido o anuladas sus actas de nacimiento.
