Piden tomar conciencia.-
En un esfuerzo de educar, disminuir y
eliminar, en tres años, la contaminación
sónica en la ciudad de Santiago, ocho instituciones del Gobierno central, local
y de la sociedad civil, anunciaron el inicio a partir del Primero de noviembre
próximo, de un vasto plan operativo denominado “Santiago sin Ruidos”.
El proyecto estará encaminado a resolver el
problema del ruido, provocado por vehículos de motor, bocinas, autoparlantes,
colmadones, guaguas anunciadoras, alta música en los hogares, bares y
restaurantes, lo que genera efectos negativos sobre la salud física y
mental de los ciudadanos.
Las instituciones responsables de la
implementación del plan son los Ministerios de Medio Ambiente, Educación, Interior
y Policía, la Procuraduría Municipal de Medio Ambiente, el Ayuntamiento
Municipal, la Policía Nacional, la Sociedad
Ecológica del Cibao y el Servicio Nacional de Protección Ambiental.
Con estas acciones, que comprende una parte
operativa-preventiva y otra persecutora, las autoridades buscan dar respuestas
efectivas y definitivas, a corto, mediano y largo plazo, a las constantes
quejas de la población ante las molestias causadas por los ruidos innecesarios,
expresadas a través de los medios de comunicación.
Aunque el plan operativo “Santiago sin
Ruidos” se iniciará en noviembre venidero, las instituciones responsables de su
ejecución dieron un plazo de 13 días a partir de la fecha para que los munícipes no aleguen
ignorancia y tomen conciencia de las medidas que se implementarán.
Las instituciones sustentan el programa en el
artículo 8 de la Constitución de la
República que establece que, toda
persona tiene derecho a vivir en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto así
como en los artículos 114 y 115 de la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales y en la Ley No.
287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos.
“Hemos aunado esfuerzos para
combatir la contaminación sónica de Santiago, gran mal que nos afecta, que será
tenazmente perseguido por todas las instancias oficiales porque viola también
la ley 42-01 de Salud Pública”, expresan las entidades en declaraciones
escritas.
